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El Tribunal Supremo anula la sentencia del caso 'Medina Elvira Golf'
01/08/2017
La Audiencia de Granada deberá pronunciarse de nuevo sobre las responsabilidades penales de la macro urbanización ilegal de Atarfe (Granada).
El Alto Tribunal anula la sentencia anterior dictada por la Audiencia Provincial de Granada que absolvía a los acusados, y ordena que se dicte una nueva sentencia en la que la Audiencia se pronuncie sobre todos los hechos y todos los delitos que habían sido objeto de acusación, parte de los cuales, fueron indebidamente excluidos del enjuiciamiento.
La anulación de la primera sentencia afecta a dos acusados, el promotor inmobiliario Maximiliano Balboa Balboa y el arquitecto municipal Luis Gustavo García Camacho, por lo que la Audiencia Provincial de Granada tendrá que volver a pronunciarse sobre la culpabilidad de ambos.
El promotor y el arquitecto, responsables junto a otros acusados de la construcción de una urbanización ilegal con más de mil viviendas y un campo de golf en un espacio no urbanizable y especialmente protegido de la Vega de Granada en el término municipal de Atarfe, habían sido acusados por los ecologistas, pero la Audiencia les absolvió al excluir del enjuiciamiento algunos de los hechos y delitos más graves:
1. La ocupación ilegal de ocho barrancos de dominio público pertenecientes al Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y sobre cuyo suelo los acusados construyeron un colegio y una depuradora de aguas residuales.
2. La inexplicable obtención por parte del promotor Balboa de permisos de la Comisión Provincial de Medio Ambiente y de la Junta de Andalucía para la construcción de un campo de golf profesional de 18 hoyos en un terreno no urbanizable de excepcional valor medioambiental, que gozaba de la misma protección urbanística que las Dehesas del Generalife.
3. La responsabilidad del arquitecto municipal García Camacho como cooperador necesario en los delitos de construcción ilegal del promotor inmobiliario.
4. La responsabilidad del promotor Balboa como inductor de los delitos de prevaricación urbanística del arquitecto.
Además de la prevaricación urbanística, la construcción ilegal y la destrucción de un paraje natural único de la Vega de Granada, la urbanización, hoy prácticamente en estado de ruina, ha resultado desastrosa económicamente y amenaza la viabilidad financiera del Ayuntamiento de Atarfe que, ante la insolvencia de los acusados, tiene que hacer frente a reclamaciones por importe de 1.000 millones de euros de bancos, empresas constructoras y compradores de buena fe de las viviendas ilegales construidas.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación -cuya vista pública tuvo lugar el pasado 22 de julio-, que fue presentado por varias organizaciones ciudadanas de Granada que ejercieron la acción popular (Salvemos la Vega, Ecologistas en Acción, Adobe, arquitectura y compromiso social, y la Asociación de Vecinos de Caparacena). y que han estado representadas por el abogado y fiscal anticorrupción en excedencia Carlos Castresana. Las asociaciones mencionadas, tras diez años sosteniendo la acusación popular, celebran esta resolución del Supremo como un paso más para que los graves daños ambientales perpetrados en la operación de Medina Elvira golf sean juzgados y los responsables no queden impunes.
